La Organización para la Seguridad y Cooperación Europea (OSCE) ha metido a España en la lista negra de
países con libertades restringidas, donde figuran Serbia, Rusia, Bulgaria, Bosnia-Herzegovina, Albania, Azerbaiyán, Uzbekistán, Kazajstan y Kosovo.

Diplomáticos de todo el mundo han contemplado estupefactos como España reprime el derecho de manifestación y de reunión de sus ciudadanos. La OSCE tuvo que emitir el pasado viernes un comunicado oficial desde Viena en el que condena
a España por la expulsión de seis diplomáticos que venían a
inspeccionar la manifestación que bajo el lema “Jaque al Rey” pretendía
protestar contra la corrupción de la Corona española, y recuerda que España se comprometió ante la comunidad internacional a
garantizar la libertad de reunión y el control internacional que lo
verifique debe estar siempre preservado.

Con la llegada de un nuevo Gobierno del PP y la alianza estable con el
PSOE en cuanto al régimen monárquico se refiere, lo único que ha podido
verificar la OSCE es que “este cambio es sorprendente”,
pues antes las autoridades diplomáticas podían comprobar el estado de
las libertades en España “con buena cooperación” y ahora no pueden, ya
que sus representantes son expulsados.

1400 policías para una cifra de entre 2000 y 9000 manifestantes, según el Gobierno o los organizadores, pero además detenciones
previas, identificaciones masivas, el cierre de estaciones de metro para impedir el acceso, bloqueo de autobuses con participantes,
etc…

Durante el pasado 25-S, todo esto fue acompañado además de prolongadas retenciones en comisaría, multas, agresiones policiales y hasta “confiscación” de material “subversivo”, pues la Delegación del Gobierno de Madrid que preside la aún convaleciente Cristina Cifuentes alegaba que los palos de las banderas y las pancartas eran en realidad instrumentos preparados para “agredir” a la policía.

“La oposición repentina por parte de las autoridades españolas nos plantea preocupación sobre sus intenciones”, dice la OSCE.

   Hace ya unos meses, la Empresa juró y perjuró que pagaría los atrasos correspondientes al año 2010 en el mes de Junio, incluyendo las personas que ya no trabajaban en Delfos pero sí lo hicieron en aquel año.

Pues bien, pagados ya esos atrasos, resulta que no tod@s han cobrado y son ya varios meses los que varias compañeras nos dicen que la Empresa les lleva prometiendo que «la semana que viene», pero que dicha semana nunca llega.
Lo mismo nos prometen a nosotros cuando les exponemos el problema, lo que consideramos una tomadura de pelo y falta de respeto.

¿Es que no aprenden?, ¿es que vamos a tener que emprender acciones legales otra vez? Y aun dirán que queremos perjudicar a la Empresa…. Se perjudican ellos solitos haciendo estas cosas !!!!

No nos dejan otro remedio.

      Era lo más sagrado: a los jubilados no se les tocará, pero Rajoy –el
mayor embustero del reino- ha puesto en marcha recorte de pensiones más
drástico que se recuerda.

Ya no se esconde siquiera: el gobierno cifra
en 33.000 millones de € lo que va a “ahorrar” con el tajo del retiro. Para el 2014 ya espera conseguir para las
arcas  810 millones de euros que quita a los ancianos, aunque luego los
dilapide en fastos olímpicos o lo que les cruce por la cabeza.
Ha inventado una fórmula para seguir diciendo que la revalorización sube un 0,25 anual pero si va a “ahorrar” esos dinerales, muy tonto hay que ser para no
entender que de algún lado sale.

Diferentes expertos aseguran que
durante los primeros años los pensionistas perderán en torno a un 0,7% y
un 0,8% de poder adquisitivo anualmente hasta 2019. Luego viene otro
tajo porque se vincularán a lo que ellos entienden por “esperanza de
vida”. Así, no solo dejan en la cuneta a los más débiles de la sociedad, sino a las familias que viven con ellos y que en muchísimos casos se benefician de dichas pensiones.

Recordemos que, con un 92,2% de deuda pública ya -en el más
espectacular ascenso de la historia, 23% desde que el PP entró en el
gobierno-, Rajoy la aumenta 390 millones de euros cada día, 16 millones
por hora. ¿Quién arreglará este desastre? De momento entran en el club
los pensionistas.

En nuestra opinión está situación es insostenible.

       Las facilidades concedidas a los empresarios en la última reforma laboral han propiciado la puesta en marcha de 48.801 expedientes de regulación de empleo (ERE) entre febrero de 2012 y junio del presente año,
a razón de 90 cada día (58 EREs diarios en 2011).  Miles de empresarios la han aprovechado a fondo para deshacerse de personal con un coste menor que antes.

Este polémico cambio normativo
suprimió la autorización administrativa previa y redujo sustancialmente
las indemnizaciones.
Según datos oficiales, el número de trabajadores afectados también ha
crecido de forma brutal durante el último año y medio, hasta alcanzar
los 653.368, más que en 2010 y 2011 juntos.
Además, los despidos no han
dejado de aumentar gracias a la flexibilidad introducida,
contrariamente a lo anunciado por el Gobierno para justificar la
reforma.

Fátima Bañez comparece en el Congreso hoy Jueves para
presentar un informe de evaluación de la reforma laboral que, según aseguró a finales de junio y sin más explicación, ha evitado 225.000 despidos (además de mentirosa se piensa que somos gilipollas).

      Y es que los patronos – que no han dudado en usar los EREs para aligerar sus plantillas, que han reclamado, entre otras medidas, que se limite la cuantía y los meses de paro en un país con casi 6 millones de desempleados – aparte de que quieren que se recorte el derecho de huelga, que se rebajen las cuotas sociales que pagan, retirar la pensión de viudedad y hasta no han dudado de echar la culpa de la crisis a los trabajadores y a las familias, ahora quieren más.

En un documento titulado ‘Las reformas necesarias para salir de la crisis’ que la patronal aprobó en la última Asamblea General del mes de julio para remitírselo al Gobierno, proponen tener la capacidad de ‘imponer’ a los trabajadores la conversión de su contrato a tiempo completo en uno a tiempo parcial cuando existan «causas que lo justifiquen» y se eviten así despidos objetivos (que excusa más mala), además ampliar del 15% al 30% el margen de horas complementarias que puedan realizar en proporción a la jornada pactada. Es decir: contratar a una persona por cuatro horas, pagarle por esas cuatro horas y que, por el mismo precio, trabaje casi 6.

A estas ‘propuestas’ se añaden otras: limitar los plazos de preaviso y las causas de denuncia por parte del trabajador del pacto de las horas complementarias – dicho de otra manera: poder despedir a quien quieran sin avisarlo, que el empleado no tenga ‘tantas facilidades’ para denunciar, contratos de formación, que hasta la Reforma Laboral tenían un límite máximo de edad de 25 años y se ampliaron hasta los 30, no tengan plazo legal.

Un ejemplo de lo que se nos viene encima: contratar a un ingeniero de 48 años con un contrato de formación, pagarle cuatro horas, que trabaje 6, cotizar menos por él, poder despedirlo cuando quieran y que, encima tenga todas las dificultades del mundo para denunciar a la empresa.

En este documento, según hemos podido ver, no se hace mención a la despenalización de la esclavitud, quizá los patronos esperan que se deduzca del mismo espíritu del texto.

    El nuevo decretazo laboral del PP modifica varios artículos del Estatuto de los Trabajadores para facilitar los expedientes de regulación de empleo (ERE) de las empresas.

Entre otras cosas, se acota el tamaño de las comisiones negociadoras de los ERE (13 miembros en representación de cada parte), se limita a una sola mesa la negociación aunque haya varios centros de trabajo, se exime a las multinacionales extranjeras de presentar sus cuentas consolidadas, se tasan las causas de nulidad (no podrán ser declarados nulos si la empresa cumple los trámites) y se entorpecen las reclamaciones a través de demandas individuales.

Junto con eso, en la nueva norma se establece que la falta de constitución de la comisión de los trabajadores no impide ni la apertura ni el transcurso de las consultas.
La empresa deberá comunicar “de manera fehaciente” a los trabajadores que va a realizar un ERE. Desde entonces, se da un plazo de siete días para constituir esa comisión (ampliable a 15 en algunos supuestos), momento a partir del cual empieza a contar el plazo del periodo de consultas.

El decreto ley cambia la regulación procesal de los despidos colectivos y restringe las posibles causas de nulidad de los ERE solo si no se ha realizado el periodo de consultas, entregado la documentación requerida y cumplidos los demás trámites del procedimiento o se hayan vulnerado los derechos fundamentales y libertades públicas. Ya da igual si hay causa económica o no, al fin tienen lo que querían, EL DESPIDO LIBRE.

Se limita, también sin carácter retroactivo, la posibilidad de las demandas individuales contra los despidos colectivos. Por ello, las demandas individuales quedarán limitadas a “aquellas cuestiones de carácter individual que no hayan sido objeto de la demanda” colectiva.

En fin, un gobierno y un partido bajo sospecha de corrupción que sigue facilitando beneficios a los empresarios, muchos de ellos también bajo sospecha.

Fuente: El Pais

       ¿Que significa ultraactividad?   Hasta ahora cuando un convenio caducaba se prorrogaba hasta que, tras su negociación, se firmaba el siguiente. Hoy 8 de Julio entra en vigor la normativa que pone fin a dicha ultraactividad.

La ultraactividad ya poco importa si se compara con la bomba contra el derecho laboral que nos regalan los firmantes del II Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva (de las que forma parte CEOE, CEPYME, CCOO y UGT).
Los convenios que no se han firmado pasarán a depender de los convenios de sector si existiesen, y si no pasarían a regirse por el esmirriado Estatuto de los Trabajadores, perdiendo todas las mejoras y, está por ver, si incluso perdiendo poder adquisitivo.
Así quedarán afectados 1500 convenios y unos 2 millones de trabajadores.

El Consell de Relacions Laborals de Catalunya especifica que siempre que exista negociación activa con buena fe negociadora, las clausulas convencionales seguirán vigentes, vamos, que se deja todo en manos de algo tan subjetivo como la «buena fe», porque más que buena fe, lo que sobra es falta de voluntad para la firma (y por ambas partes).

Con esta medida seguimos perdiendo derechos, los pocos que aun nos quedan.

    Los vende-trabajadores, lejos de mantener la vigencia de todas y cada una de las condiciones colectivas hasta que su sustitución por otro nuevo convenio, pactan y pactan y pactan, siempre de manera regresiva, y así nos llega el Acuerdo sobre Ultraactividad de los Convenios Colectivos del 23 de Mayo 2013, suscrito por CEOE, CEPYME, CC.OO y UGT, a través de la Comisión de Seguimiento del II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012, 2013 y 2014 (II AENC) es un viaje a ninguna parte, que sólo pretende desmovilizar a los trabajadores.
Para la CGT es falso que el acuerdo sobre ultraactividad mejore la reforma laboral como nos lo venden:

1. Destruye la capacidad normativa de los convenios, pues las condiciones colectivas pactadas, pueden ser eliminadas (descuelgue) y/o modificadas unilateralmente por el empresario, en base a la
   “descausalización” que contempla esta reforma laboral.
2. Desnaturaliza la eficacia general del convenio, pues abre la vía para la individualización de las condiciones del contrato.
3. “Fulmina” la ultraactividad de los convenios, los cuales tendrán una eficacia máxima de un año, salvo pacto en contra. 

El Acuerdo es una mera declaración de intenciones, donde se insta a las ”unidades de negociación” a tener voluntad de continuidad y a que primen la ”buena fe negociadora” (ya sabemos lo que es la buena fe), y donde dejan de tener carácter vinculante.

Además, las partes negociadoras se comprometen a continuar negociando, a la vez que cualquiera de las partes ”podrá decidir que la negociación está agotada y, por tanto, instar la mediación obligatoria o el arbitraje voluntario” es decir, un puto paripé.

La pérdida del Convenio Colectivo es una declaración de derrota cara a la clase trabajadora y lo que es peor, nos lo venden falazmente como una idea consistente en que el pacto para prorrogar los convenios enmienda sustancialmente la reforma laboral.

Para la CGT, lo más grave de esta estrategia llamada pacto social es que frena la lucha contra el desmantelamiento de los derechos laborales y sociales. Cada vez tenemos menos derechos, cada vez nos convertimos un poco más en esclavos, cada vez nos atan más fuerte las manos, hasta anularnos por completo.

Gracias, vende-trabajadores.

     La secció sindical de CGT a l’ICS hem presentat una demanda al
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recollint el greus
perjudicis en l’àmbit laboral que ens imposa l’Institut Català de la
Salut (ICS) de manera habitual.

En concret hem demandat la Instrucció 4/2013 que es refereix a la
modificació de jornada per donar compliment a la jornada de 37,5 hores.

Hem demandat:

• L’increment de jornada, que és una IMPOSICIÓ UNILATERAL DE L’ICS, que no ha
  
  negociat en cap mesa negociadora ni amb cap sindicat.
• El
  solapament en el canvi de torn de TOT el personal afectat, i que
  reconeix la llei, ja que tot el temps que s’està al lloc de treball en
  jornada efectiva, ha de computar com a jornada laboral.
• Les
  cartelleres de treball, que afecten diferents categories professionals,
  i que incompleixen, els descansos que regulats en les diferents lleis
  vigents.

Creiem que tots aquests temes, perjudiquen greument les condicions
laborals dels treballadors i la seva salut, com també
dificulten/impossibiliten la conciliació amb la vida familiar, i donat
que s’han tractat amb les diferents Direccions i amb la Gerència
Territorial, i no TENEN cap intenció de canviar ni millorar aquestes
condicions, creiem que és la via d’actuació que hem de seguir en aquest
moment.

Salut i Lluita!

 CGT ICS

     Gracias al estudio realizado por la PARS, la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) investiga a Josep Maria Padrosa, director del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) que, contra la ley de incompatibilidades (la cual en su articulo 17 y 18 apuntan a la destitución inmediata del cargo), ha compaginado desde enero de 2011 este cargo público con el de apoderado de seis empresas privadas que facturan más de 14 millones de euros al año al propio CatSalut, y quien manejó el 97,9% de los 8.685 millones de presupuesto que Salud tuvo en 2012.

El consejero de Salud (y expresidente de la patronal sanitaria), Boi Ruiz, niega “rotundamente” cualquier irregularidad (como no…) y todos los partidos menos CiU (como no….) exigieron la comparecencia de Boi Ruiz y del propio Padrosa.
Mientras, la Corporación Fisiogestión empezó a retirar a Padrosa los poderes en sus sociedades —dedicadas a rehabilitación, fisioterapia y logopedia—, según confirmó el administrador del holding, Carlos Núñez.

La doble posición de Padrosa cuestiona también la aplicación de los recortes sanitarios, que mientras en los grandes hospitales públicos alcanzan casi el 20% desde 2011, en las empresas de Corporación Fisiogestión apenas ascienden al 9%.

     Las cartillas de racionamiento se implantaron en España, por orden ministerial, durante la posguerra en 1939 para luchar contra el hambre. Durante 13 años asistió con pan, harina, leche en polvo, arroz o aceite a millones de españoles.

74 años después vuelve la cartilla de racionamiento, eso si, con nombres más modernos: Visa solidaria en Barcelona, Bono supermercado en Extremadura, plan de comedor escolar en Andalucía (según UNICEF, en España pasan hambre 2 millones de niños).
No son cartillas como la de nuestros abuelos, pero sirven para lo mismo, dar alimentos a quien no tiene para comer dada la actual situación de emergencia. Dicen que este sistema dignifica más y no estigmatiza al usuario, que dicho en llano, hacer sentir menos pobre al que ya lo es, una manera de esconder lo evidente, que no hay trabajo, no hay dinero, se acaban las ayudas y se acude a por alimentos para poder comer.
Lo peor es que hace 74 años había una posguerra, pero hoy es triste que lleguemos a esta situación por el egoismo y la usura de unos pocos, disfrazada de crisis, aunque ya todos sabemos que es una estafa, y lejos de solucionarse, la cifra de personas atrapadas por el agujero negro de la crisis no deja de crecer.

Familias que hasta hace unos años eran clase media-alta, con piso en propiedad, trabajo e ingresos, con la crisis lo perdieron todo y ya no tienen forma de llenar la nevera. La única salida son los comedores o los bancos de alimentos.
Un 21%, las familias se asfixian y con sellos como nuestros abuelos o con modernas tarjetas las familias subsisten con los productos de primera necesidad que les dan. Todos a la espera de lo mismo: un trabajo.

     El Parlamento Europeo ha otorgado el premio Ciudadano Europeo 2013 a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). La candidatura de la PAH fue presentada por los eurodiputados Raül Romeva y Ana Miranda (Verdes/ALE) y Willy Meyer (GUE/NGL).

La portavoz de la PAH, Ada Colau, ha celebrado un premio «que proviene del ámbito europeo justo el año en el que una de las cuestiones más significadas ha sido la sentencia del tribunal europeo que dio la razón a la PAH en su consideración de las injusticias del sistema hipotecario español».

Colau subraya también que el galardón reconoce valores de ciudadanía «después del intento de criminalización del PP». A lo que ha agregado: «Que quiso incluso equipararnos con el terrorismo». «El premio deja en evidencia el carácter antidemocrático del Gobierno del PP»,

Mientras, los retrasados mentales del PP se indignan, «Hoy ha sido Ada Colau, mañana nos pueden traer a Arnaldo Otegi y, con el voto de la izquierda, darle un premio”, dijo Carlos Iturgaiz, que además dijo estar en contra de la concesión del premio a una “organización violenta” si, claro, violentísima !!!!

Memeces aparte, FELICIDADES PAH