Y tiene razón, hay mucho odio contra los empresarios que perpetran ilegalidades laborales como no cotizar las horas reales, no pagar las horas extra, obligar a hacerlas muy por encima de las 80 permitidas, los que contratan en fraude de ley, y los que casualmente son los que coaccionan y amenazan, y por supuesto, los que pasan de la prevención de riesgos que causan muertos. Muchas de estas mafiadas podrian considerarse delito.

Pese a que Inspección de Trabajo determinó, en un expediente de más de veinte páginas, «la responsabilidad empresarial de Ramcon Empresa de Servicios SA» en un accidente mortal el 26 de febrero de 2021, la empresa se ha querellado contra la secretaria general del Vallès Oriental y la federación de Barcelona del sindicato por haber afirmado que «morir trabajando es asesinado». La típica pataleta empresarial, como el niño al que le quitan las chuches cuando se porta mal y te dice que «ahora me enfado y no respiro»

El 27 de mayo de 2021 la CGT convocó una concentración ante Inspección de Trabajo de Barcelona con pancartas con lemas “Queremos justicia”,“Todo por la familia” o “Morir trabajando es asesinado”. La secretaria general de CGT en el Vallès Oriental, Charo Luchena, tomó el megáfono y denunció “la responsabilidad del ayuntamiento de Mollet y de la empresa Ramcon” en la muerte de un trabajador en el edificio de la brigada municipal. Detalló que aquel operario fatalmente accidentado el 26 de febrero “temía, pero tenía una orden de trabajo para limpiar unos cristales del tejado del edificio de la brigada municipal, el tejado era responsabilidad del Ayuntamiento de Mollet y el trabajo sin arnés era responsabilidad de la empresa. Tenía miedo, pero tenía dos sanciones y no quería una tercera, por lo que subió a pesar del miedo.

La protesta, en forma de manifestación, se trasladó a la sede de la delegación del gobierno español en la calle Mallorca, donde se realizaron proclamas contra el gobierno y se exigió medidas para garantizar la prevención de riesgos en los puestos de trabajo.

La sociedad mercantil Ramcon Empresa de Servicios SA, donde trabajaba la víctima, ha presentado una querella contra Charo Luchena y contra CGT Federación Local de Sindicatos de Barcelona por un “delito de calumnias y un posible delito de odio hacia los empresarios por el simple hecho de pertenecer a un colectivo económico, es decir, por su condición social y económica”. Tisminetzky, uno de los abogados que está batallando en los juzgados el grado de responsabilidad de la empresa en el accidente mortal, considera que estamos ante una «salvajada» cuya acción judicial es difícil «que pueda prosperar».

“Desde el punto de vista de la jurisdicción social, el sindicato tiene la función de protestar y denunciar una injusticia. Decir que es un asesinato cuando se ha producido una infracción grave de la empresa forma parte de la actividad sindical. Es una salvajada que ahora le pongan una demanda a la delegada sindical ya la CGT”.

A partir de esa acta de infracción, se abrió un procedimiento sancionador, y en paralelo, la familia de la víctima ha abierto la vía judicial penal contra la empresa.

Nuestra compañera Charo y representantes de la Federación Local de Barcelona fueron citadas a declarar en el juzgado de primera instancia e instrucción 5 de Mollet del Vallès, “evidentemente, no nos hemos retractado ni retractaremos de algo que es verdad, Inspección de Trabajo en su informe concluye que queda acreditada la responsabilidad de la empresa por el accidente mortal, por tanto, de calumnias ninguna”, asevera Luchena ante el ofrecimiento de la empresa, en la fase de conciliación judicial, de no presentar la querella si se avenían a indemnizarlos con 6.000 euros ya difundir por medio de las redes sociales una “rectificación que contenga reconocimiento explícito de la incertidumbre de los hechos imputados”. En el redactado de la querella, la indemnización solicitada asciende a 20.000 euros y la delegada sindical responde con ironía «parece que quieren sanear las cuentas de la empresa a cargo de la CGT». Además, ve en todo ello una voluntad explícita de persecución a la actividad sindical: “van buscando a los afiliados a la CGT con lupa para ver con qué pueden sancionarlos” y pone a modo de ejemplo que esta misma semana “se ha celebrado un juicio por vulneración de derecho de huelga de dos trabajadoras de esta empresa”. Luchena concluye que «irán hasta el final» y no cederán «ante presiones intolerables», ya que está en juego «la dignidad, la seguridad y la vida en los puestos de trabajo».

Fuente: La Directa