Tras sentencia por acoso sexual en la que el juez condena a la empresa de parques y jardines a una indemnización de 15 mil euros para las dos compañeras acosadas, la empresa, lejos de proteger a las compañeras, intentó trasladarlas de puesto de trabajo como represalia, trasladó a uno de los testigos que declaró a favor de ellas, ascendió de categoría al acosador y le conmutó la sanción, y encima las obliga a trabajar con los testigos que declararon a favor del acosador.

Seis meses después de la sentencia, el Ajuntament no ha tenido ninguna intención de reparar el daño físico y psicológico que han sufrido las compañeras, si no que han contratado al bufet de abogados Quatrecasas para presentar un recurso pidiendo la nulidad o la rebaja de la indemnización que pide el juez para las víctimas.

Por su parte, la gerencia y la dirección de parques y jardines ha puesto en marcha una campaña de persecución hacia las compañeras delegadas de la CGT que acompañaron y apoyaron a las víctimas: traslados, publicación de datos personales, apertura de protocolos, investigaciones por presunta difamación, etc. Sumamos que han dejado fuera de las negociaciones de la RLT a la sección sindical de CGT, perimera fuerza en el colegio de oficios de la empresa.

Después de varias reuniones con el consistorio, no nos cabe duda de que el Ajuntament no solo era conocedor de los hechos, si no que ha reconocido que había formado parte de la comisión donde se decidió el indulto y ascensión del acosador. El Ajuntament de Barcelona es encubridor y protector de acosadores.

CGT pide la dimisión de la gerencia de parques y jardines, Francesc Jiménez Gusi y Daniel Carulla, así como la de Eloi Badía, presidente de parques y jardines del Ajuntament.