Con la excusa del terrorismo yihadista, los opresores de turno en el des-Gobierno han aprovechado para reformar el código penal y meter en el mismo saco conductas que nada tiene que ver con el yihadismo.

No hay mal que por bien no venga (que decía mi madre) y así matan dos pájaros de un tiro, así con dicha excusa ejercen más represión aún, habiendo ampliado el catálogo de «terroristas»

La reforma del artículo 573 del Código Penal establece como delitos terroristas los «desórdenes públicos» u otros contra el patrimonio si con ellos se pretende «obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo» o, simplemente, «alterar gravemente la paz pública». Estas son las acciones y grupos susceptibles de ser investigados, detenidos, juzgados y condenados por terrorismo a partir de la reforma acordada por el PSOE y el PP.

Vecinos de Gamonal y otros barrios

     Los participantes en los disturbios del barrio burgalés de Gamonal pretendían parar las obras en un bulevar aprobadas por el Ayuntamiento de la ciudad pese al rechazo de los vecinos. Lo que hicieron se puede traducir por que algunos protestaron de forma violenta con la intención de obligar a un «poder público» a rectificar y «abstenerse» de llevar a cabo su proyecto. TERRORISTAS: 15 años de prisión.

Defensores del medio ambiente y los derechos de los animales

      ¿Alteran gravemente la «paz pública» los activistas que se plantan en Tordesillas todos los años para impedir la celebración del Toro de la Vega?, ¿Y las organizaciones animalistas que asaltan granjas donde se maltrata a los animales?, ¿Y los que protestan por la energía nuclear colgándose de sus edificios?  En caso afirmativo: TERRORISTAS: 10 años de cárcel.

La ley además permite, como ya es habitual, el régimen FIES de aislamiento e incomunicación, a lo que cabría sumar el tratamiento mediático que Interior aplica a los sospechosos de terrorismo.

Desahucios, escraches y protestas contra las privatizaciones

      Desde que existe la PAH, más de 1.000 desalojos han sido abortados en España. Traducido al nuevo texto legal, los activistas han impedido a un poder público realizar una acción. TERRORISTAS: 30.000 euros de multa y si los hechos son considerados Graves (resistencia pasiva no violenta), a la cárcel.

Con los escraches, más de lo mismo, «obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo» y «desórdenes públicos»

Ciberactivistas

      Los activistas en la red (15M, DRY, etc) han traspasado la línea, según el actual Código Penal, y también pasarán ahora a ser terrorismo. TERRORISTA: A la cárcel entre 6 meses y 2 años.

Carlos Sánchez Almeida, destaca el caso de los imputados en un juzgado de Gijón por tumbar la web de la Junta Electoral Central durante las protestas del 15M realizadas en 2011 en fechas no autorizadas por su proximidad a las elecciones autonómicas y municipales. Con el próximo Código Penal, advierte el letrado, podrían ser acusados de un delito de terrorismo.

Tuiteros, al límite

     Quienes difundan «públicamente mensajes o consignas que tengan como finalidad o que, por su contenido, sean idóneos para incitar a otros a la comisión de alguno de los delitos de este capítulo».

Esos delitos no tienen por qué estar vinculados necesariamente con el terrorismo yihadista y podrían cometerse durante una protesta que derive en altercados. De hecho ya han habido detenidos acusados de terrorismo por poner en las redes sociales ideas que no son del agrado del PP, aunque curiosamente se da total libertad a las libertades de expresión en redes sociales de personas vinculadas al fascismo…. vaya por Dios !!!