El nuevo decretazo laboral del PP modifica varios artículos del Estatuto de los Trabajadores para facilitar los expedientes de regulación de empleo (ERE) de las empresas.

Entre otras cosas, se acota el tamaño de las comisiones negociadoras de los ERE (13 miembros en representación de cada parte), se limita a una sola mesa la negociación aunque haya varios centros de trabajo, se exime a las multinacionales extranjeras de presentar sus cuentas consolidadas, se tasan las causas de nulidad (no podrán ser declarados nulos si la empresa cumple los trámites) y se entorpecen las reclamaciones a través de demandas individuales.

Junto con eso, en la nueva norma se establece que la falta de constitución de la comisión de los trabajadores no impide ni la apertura ni el transcurso de las consultas.
La empresa deberá comunicar “de manera fehaciente” a los trabajadores que va a realizar un ERE. Desde entonces, se da un plazo de siete días para constituir esa comisión (ampliable a 15 en algunos supuestos), momento a partir del cual empieza a contar el plazo del periodo de consultas.

El decreto ley cambia la regulación procesal de los despidos colectivos y restringe las posibles causas de nulidad de los ERE solo si no se ha realizado el periodo de consultas, entregado la documentación requerida y cumplidos los demás trámites del procedimiento o se hayan vulnerado los derechos fundamentales y libertades públicas. Ya da igual si hay causa económica o no, al fin tienen lo que querían, EL DESPIDO LIBRE.

Se limita, también sin carácter retroactivo, la posibilidad de las demandas individuales contra los despidos colectivos. Por ello, las demandas individuales quedarán limitadas a “aquellas cuestiones de carácter individual que no hayan sido objeto de la demanda” colectiva.

En fin, un gobierno y un partido bajo sospecha de corrupción que sigue facilitando beneficios a los empresarios, muchos de ellos también bajo sospecha.

Fuente: El Pais