Una vez más los políticos nos demuestran para quien gobiernan y al más puro estilo España del 36 cuando en Barcelona se quemaba documentación, con los fascistas en puertas, así ha empezado el des-Gobierno del PP a destruir información en aquellos ayuntamientos que han perdido, antes de que llegue la izquierda y levante la mierda que esconden (no se por qué tanto miedo, si al fin y al cabo todos hacen lo mismo)

Estos días hemos visto como las compañías destructoras de documentación no daban a basto, como los funcionarios se afanaban para destruir todo tipo de archivos.

Esto me hace pensar ¿que miedo tienen?, ¿qué escondían con tanto celo que ahora deben destruir para que no quede en manos de otros? Se supone que los ayuntamientos organizan la sociedad de un municipio o localidad, ¿tal vez es lo que nos han hecho creer, tal vez solo organizaban sus bolsillos, y por eso deben destruir las pruebas de sus negocios sucios?

Ana Botella va a tener que ir al juzgado a justificar la destrucción de cientos de documentos, ya que, recordemos, no es legal la destrucción de documentación a tan amplias miras:

El artículo 413 del Código Penal dice «la autoridad o funcionario público que, a sabiendas, sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo, incurrirá en las penas de prisión de uno a cuatro años, multa de siete a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años».