La CGT exigimos, no solo que se lleve a la Fiscalía el caso 4-F y que se reabra el caso, sino que todos aquellos que desde los estamentos políticos, judiciales y policiales han participado en este montaje sean fulminantemente destituidos y no puedan ocupar cargos públicos.
Políticos que cambian de versión o que ahora se suman al carro después de ver la indignación ciudadana; policías que detuvieron indiscriminadamente a personas que luego fueron condenadas en un acto de venganza por su compañero malherido, sin importarles en absoluto encontrar al responsable, solo buscaban venganza; jueces a los que las pruebas forenses no les influyen para buscar la verdad sino que condenan basándose en la palabra de unos policías posteriormente condenados, entre otros motivos por mentir y torturar.
Exigimos que se acabe con la supuesta veracidad de los testimonios de los policías en los juicios. Esa Ley es arbitraria e injusta, ya que constantemente se están produciendo condenas, no con pruebas irrefutables sino por los testimonios policiales a los que los jueces les otorgan credibilidad, en especial tras demostrarse como la policía amparándose en la legalidad, redactan atestados que desvirtúan los hechos, y que son admitidos en los juzgados cómo prueba de carga, aunque en la mayoría de los casos podamos demostrar que no recogen la realidad.